Erick Moreno, "el monstruo" podría ser condenado a 35 años, señaló ministro Walter Martínez
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, dio a conocer que a fin de mes se publicaría el Decreto Legislativo que creará la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), en reemplazo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
"Tal como lo hemos señalado, a fines de este mes de enero debemos estar presentando el Decreto Legislativo ya aprobado y publicado en el Diario Oficial El Peruano", manifestó en Radio Nacional.
Señaló que la SUNIR será una nueva entidad que se va a formar a partir de la fusión de dos entes del Ministerio de Justicia; el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronasej) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y en el marco de la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo.
Subrayó que no se trata solo de cambio de nombre, sino de transformaciones en la estructura, en la organización y en la gestión de procesos.
"Hay cambios fundamentales y ¿por qué la fusión también con el Pronasej? Muchos dicen; ´Oye, no, pero aquí se va a tratar por igual a todos`. No, de ninguna manera. Nosotros somos muy conscientes de que el tratamiento a los jóvenes es distinto al tratamiento de los adultos. Eso se va a mantener, así como se va a mantener también a los trabajadores", indicó al señalar que permanecerán las personas probas y honestas.
Asimismo, sostuvo que el expresidente del INPE, Iván paredes, renunció por motivos personales.
En otro momento, el titular de Justicia señaló que el delincuente Erick Moreno, conocido como "el monstruo" podría ser condenado por el Poder Judicial a una pena de 35 años de prisión por los graves delitos que se le atribuye.
Señaló que este delincuente, que hoy viene siendo extraditado desde Paraguay, no podría ser condenado a cadena perpetua porque la condena debe ceñirse al tratado entre nuestro país y Paraguay.
"Estamos atados allí, pero eso no obsta, ponerle, (aunque) es un tema que ya depende de las instancias judiciales, la máxima condena si así lo determinan los jueces peruanos que sería de 35 años", dijo al tiempo de precisar que en nuestro país no existe la sumatoria de condenas cuando se trata de múltiples delitos cometidos.
Subrayó que al existir un tratado de extradición entre Perú y Paraguay tenemos que ceñirnos a las reglas que establecen ese tratado. "Entonces, entiendo que en dicho país no existe la condena de cadena perpetua y no se le podría sancionar con una pena superior a la que establece la legislación paraguaya", señaló.
Asimismo, Walter Martínez expresó que una vez que el citado delincuente arribe a nuestro país, acudirá al médico legista para determinar su estado de salud, luego pasará por el control de identidad y posteriormente será evaluado por una junta calificadora del INPE que determinará la prisión en el la que será recluido.
"El INPE determina con total independencia, de acuerdo a criterios establecidos en las normas, a dónde le correspondería ser llevado este señor Moreno", precisó.
El titular de Justicia también destacó la creación de la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (Sunadep), que hoy cuenta con 2,200 defensores públicos y 100 conciliadores extrajudiciales en todo el país.
"Esta superintendencia está creada con la finalidad de fortalecer el servicio de la defensa pública, ampliar este servicio que es tan importante porque garantiza dos derechos fundamentales, el derecho de defensa y el derecho de acceso gratuito a la justicia", dijo.
Dio a conocer que actualmente existen en el país unos tres defensores públicos por cada 10 mil habitantes cifra baja por lo que se busca triplicar el numero de defensores públicos. "La brecha es amplia pero el compromiso es fuerte", dijo al destacar que solo el año pasado se ha logrado un ahorro de 600 millones de soles a la población en defensa pública.
Además, este servicio llega a todo el país y el año 2025 se ha logrado a favor de los usuarios 150 millones solo en pensiones de alimentos.
También indicó que la designación del jefe de la Sunadep se realizará por un plazo de cuatro años a propuesta del Ministerio de Justicia, la cual es aprobada por el presidente de la república.
Sostuvo que un aspecto importante para los trabajadores, ante la preocupación existente, es que la defensa pública continuará con todo su personal, manteniéndose las condiciones laborales actuales. La norma prevé un proceso de tránsito hacia la Ley Servir.
