La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final de la denuncia constitucional que recomienda inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a los fiscales supfemos Juan Carlos Villena Campana, Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera y Delia Espinoza Valenzuela.
El informe de la denuncia constitucional, planteada por los congresistas Fernando Rospigliosi Capurro (FP), José Cueto Aservi (HyD) y Alfredo Azurín Loayza (SP), se aprobó con 9 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones.
Recomienda también acusar a los magistrados por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato, y como posibles instigadores del delito de usurpación de funciones.
A los magistrados citados se les acusa de haber emitido la Resolución 2246-2024, mediante la cual se aprobó un reglamento que habría vulnerado la Ley 32130, Ley que modifica el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales, razón por la cual habrían incurrido en usurpación de funciones policiales.
El informe final fue elaborado por el congresista Jorge Montoya Manrique (HyD) ponente delegado de la denuncia constitucional.
Informes de calificación
Asimismo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidido por la Congresista Lady Camones (APP), aprobó por mayoría el informes de calificación de la denuncia constitucional 645 formulada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, contra el expresidente Pedro Castillo, y los exministros de Estado José Gavidia Arrascue y Dimitri Senmache Artola, por la posible comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
La acusación se basa en la designación irregular de Roberto Burgos del Carpio y Arturo Giles Ferrer como vocales del Consejo Supremo de Justicia Militar Policial. Se alega que la designación se realizó sin la debida evaluación de méritos y sin la propuesta previa del fuero Policial Militar.
También se aprobó el informe que propone declarar improcedente la Denuncia Constitucional 623 formulada contra los congresistas Martha Moyano ( FP), Héctor Ventura (FP), Milagros Jáuregui (bancada RP), María Acuña (APP), Víctor Flores (FP), Segundo Quiroz (APP), Esdras Medina (RP), Nilza Chacón (FP), Elvis Vergara (bancada AP), Jorge Montoya (HyD) y José Jerí (SP).
Se les atribuía presunta infracción a los artículos 99, 100 y 139 de la Constitución y la posible comisión de los delitos de encubrimiento personal y obstrucción a la justicia por haber votado para archivar las denuncias constitucional contra la expresidenta Dina Boluarte y sus ministros, por homicidio calificado y lesiones graves durante las manifestaciones de diciembre de 2022 y marzo de 2023 y la vacancia de Pedro Castillo.
Finalmente, se delegó al congresista Elvis Vergara Mendoza (AP) la denuncia constitucional contra el exministro de Economía Pedro Francke Ballvé y la expresidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez Chuquilín por la presunta infracción a los artículos 38, 39 y 126 de la Constitución, y la posible comisión del delito de patrocinio ilegal.
